06. Núñez Amaris

Panorama sociológico y constitucional

del derecho administrativo en

torno a la jurisdicción rogada

Jaider Manuel Núñez Amaris*

 

mn

 

Sociological and constitutional

panorama of administrative law in

around the pleaded jurisdiction

 

Resumen

 

Con Napoleón Bonaparte la ley se convierte en el principal instrumento de poder, el Gobierno del pueblo va cediendo a los intereses legales emanados del primer jefe de Estado, para doblegar a través del derecho y la razón los territorios conquistados; en este sentido, se separa el derecho administrativo de la órbita judicial y se crea el Consejo de Estado para la asesoría del Gobierno, así, nada podía decirse en contravía de las instituciones. Desde esta perspectiva nace la jurisdicción rogada, lo que impide que el juez se refiera a hechos o normas que no son relacionadas en la demanda, es decir, no se puede fallar más allá de lo pedido por las partes en el proceso.

 

Palabras clave: Consejo de Estado; Sociología jurídica; Justicia; Gobierno; Jurisdicción rogada; Derecho constitucional.

 

Abstract

 

With Napoleon Bonaparte the law becomes in the main instrument of power, people’s rule yields to the legal interests emanated of the first Head of State bending conquered territories through law and reason. In this respect, administrative law tears away from the judicial sphere and the Council of State is stablished in order to give advice to the Government, thus nothing could be told against the institutions. From this perspective, “party disposition” is born, which prevents the judge to refer to facts or rules that are not mentioned on the claim, that is, the judge cannot rule beyond of what it was requested by the parties on their lawsuit.

 

Keywords: Council of State; Legal sociology; Justice; Government; Party Disposition; Constitutional Law.

 

Fecha de presentación: 18 de julio de 2017. Revisión: 8 de agosto de 2017. Fecha de aceptación: 21 de agosto de 2017.

 

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I. Desarrollo histórico del derecho administrativo

 

Con el movimiento de la Ilustración1 se logra poner fin al despotismo reinante en la Edad Media2 para luego ceder ante las magnificencias del Estado burgués, que, aunque dividido en su poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y elegido democráticamente, siempre buscó doblegar al derecho como herramienta de poder, con la lógica de la existencia e un Gobierno unipersonal y la estructura jerárquica del Estado. Se llegó así al punto crucial de esta propuesta con la Ilustración, la cual consideró que el soberano ya no es la costumbre (al fin de cuentas, la costumbre es la enemiga de todo aquel que desea cambios), sino el individuo en estado de naturaleza. Sin embargo, el individuo, para poder vivir en sociedad, sede su soberanía en virtud de un juramento –voto al pueblo con voluntad general–3.

Ese poder basado en la democracia y repartido en las ramas del poder público, va a ser limitado con la asunción de Napoleón Bonaparte4 al poder, quien encontró en la ley el mecanismo predilecto para la dominación y el ejercicio del poder5, además de tener al Estado agrupado y representado en él, en este orden de ideas, Napoleón i encomienda a Jean Jacques Régis de Cambacérès6 –como director del grupo–, Jean-Étienne-Marie Portalis7, François Denis Tronchet8, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu9 y Jacques de Maleville10, para la elaboración del Código Civil (incluía en un principio cuatro libros, a saber: Personas, Bienes y diferentes modificaciones de la propiedad, Diferentes maneras de adquirir la propiedad y Procedimiento), por demás decir, de fácil acceso para todo ciudadanos de los territorios conquistados en procura de dominar con mediana facilidad, en resumen, doblegar a través del derecho y la razón el extenso territorio, Código Civil que no tardó en extenderse por toda Europa, incluso Latinoamérica, en Colombia, a través del código de Andrés de Jesús María y José Bello López adoptado en 1873 y actualmente vigente.

Es evidente que la unidad jurídica era un supuesto necesario para fortalecer el Estado nacional que precisaba la burguesía, la legislación uniforme, entre otras cosas, era muy importante para unificar las costumbres comerciales11.

En consecuencia, el Code respondió al triunfo de la burguesía sobre los privilegios enredados de la época feudal. Es decir, el principio de igualdad fraternidad y libertad, pero, a través del Estado representado en Napoleón12.

Los revolucionarios se dan cuenta que es necesario neutralizar el poder judicial del derecho administrativo para poder sobrevivir, por ello sacan del control de los jueces las actividades administrativas, circunstancia que origina el derecho administrativo, en este sentido, el Consejo de Estado, organismo creado por Napoleón para la asesoría y consulta del Gobierno, propone las soluciones al jefe del Ejecutivo, creando con su jurisprudencia el derecho administrativo13, es decir una especie de autorregulación en sí misma14.

A pesar de ello, la discrecionalidad se va reduciendo con el nacimiento del exceso de poder (entendida aquella como mera denuncia que podía ser o no tenida en cuenta), más tarde el vicio de forma (cuando el autor del acto no habría podido ejercer en forma válida sus poderes), y en forma casi simultánea la desviación de poder (que nació de una decisión del emperador Napoleón iii15 en su consejo del 25 de febrero de 1864)16.

Por ser el derecho administrativo un derecho estatal originario de la herencia magnánima del Estado francés, en la que poco o nada podía argumentarse en su proceder, tal y como describió Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande17, “la idea de exigir judicialmente a la administración por modo directo ese respeto a la ley, y el dogma de no separar la administración de la justicia”18. Lo cual conlleva a hacer reconocer judicialmente las incurias del Estado procesalmente, impidiendo la aplicación práctica de los principios constitucionales.

Profundizando en esta línea de pensamiento, García de Enterría alcanza el punto culminante de su tesis al defender un cambio de paradigma para la justicia administrativa.

 

hoy el juez contencioso-administrativo tiene la obligación de tutelar en su plenitud ese espacio de libertad que el ciudadano contemporáneo ha conquistado definitivamente y solo desde el cual puede ser capaz de construir y proteger una vida personal plenaria en su integridad19.

 

La jurisdicción contenciosa se caracteriza por la supremacía del Estado, lo cual se puede evidenciar en la presunción de legalidad y la jurisdicción rogada, características que impiden que el juez pueda referirse a situaciones o normas que no han sido invocadas por las partes en la demanda, o más exactamente, porque no ha sido pedido o manifestado en el concepto de la violación, a diferencia de otras jurisdicciones en las que el juez puede fallar más allá de lo pedido (principio iura novit curia) que obliga al juez a saber el derecho y escoger la norma que se considera aplicable al caso concreto, como es lógico, guardando siempre la congruencia en la demanda.

Solo ahora, por vez primera en toda su larga historia, el juez contencioso-administrativo al haber ganado esa plenitud de jurisdicción, ha pasado a ser definitivamente capaz, en efecto, de otorgar a los ciudadanos una justicia plenaria y efectiva. Esta es la formidable actualidad de la técnica contenciosa-administrativa de protección del ciudadano tras sus últimas y bien resientes regulaciones, a pesar de ello, es necesario imbuir la garantía constitucional y las observaciones de los movimientos sociológicos, del constituyente primario, en los procesos administrativos, lo cual implica desrrogativizar el derecho administrativo aun sacrificando la afanada “seguridad jurídica”.

Así mismo, la subjetivación definitiva de la justicia administrativa, que ha roto el mito histórico de su supuesta objetividad, tras la cual se enmascaraba una superioridad formal de la administración sobre el ciudadano, considerando aún como súbdito que debía ceder ante la supuesta superioridad de “los intereses generales” gestionados por la administración, es ya una ganancia definitiva y por ello irrenunciable de nuestro tiempo20.

Razones suficientes para considerar el aparato del Estado y su intensión de dominio jurídico, en especial en los conceptos de jurisdicción rogada y presunción de legalidad, donde es necesario revisar desde una perspectiva científica la aplicabilidad o inaplicabilidad de los afanados principios en la estructura de un Estado social de derecho, así, ciencia del derecho, sociología jurídica y filosofía del derecho pueden llegar a ser partes de una sola estructura del derecho, lo que implica engranar al derecho en un solo trípode. La filosofía entendida como la base de los valores pero descansada en los cimientos de la observación empírica la cual no es otra que la praxis de la dinámica social, las dos en su conjunto penetran la estructura de la ciencia del derecho, en ellas cabalga la hermenéutica jurídica. Tal y como se parafrasea a Germán Silva García en el escrito de Jorge Enrique Carvajal Martínez, este concepto,

 

en decir de Silva García, puede servir para acotar el objeto de la investigación sociojurídica pues conforme a él, “la observación de las instituciones sociales, limitada a aquellas que guardan relación con el control jurídico, significa contemplar no solo los sistemas normativos establecidos, de manera formal o informal, o instituciones, sociales estrechamente relacionadas con los operadores del derecho y la aplicación de las normas […] (profesión jurídica, estructura judicial, ideologías profesionales, etc.) sino instituciones sociales de igual o mayor complejidad como la cultura, la economía, la organización estatal, la familia, etc., que según el caso y el aspecto involucrado, también repercuten sobre el control jurídico, mientras que las prácticas sociales, vistas en su relación con el control jurídico, implican no apenas advertir como se aplica el derecho en la realidad (lo que ocurre, muchas veces, de modo distinto a como aparece consignado en los estatutos legales, sino también examinar las actitudes y actuaciones de la población frente a los dispositivos de control”21.

 

El mundo del derecho sin duda, gira en torno a hechos sociales, la cultura, la religión, la economía y la geografía son hechos que pueden incidir en la ciencia del derecho, si bien la dogmática trata al derecho como norma, no lo es menos que la sociología jurídica que lo desarrolla como hecho social, no hay razón para aplicar una separada de la otra, su coexistencia parce innegable, más si se tiene en cuenta el parámetro de eficacia normativa del que debe estar desprovisto todo contenido legal, aun así, entender la sociología del derecho como paliativo para el formalismo judicial carece de una utilidad práctica en el desarrollo del derecho, dicho de otra manera, la justicia no como preocupación solo de la filosofía del derecho, sino desde una utilidad práctica vista desde la sociología del derecho22, en el caso en estudio, el concepto de justicia rogada corroe una interpretación acorde con la realidad en favor de los asociados.

De tal manera que al engranar la situación jurídica en disputa con los principios constitucionales, la rogatividad23 que opera al ejercerse el control de legalidad podría hacerse menos rígida, de modo que aun cuando una norma no sea invocada como infringida, la ostensibilidad en la violación de ella o la prueba fehaciente de que ello ocurrió, debería permitir al juez hacer un pronunciamiento de ilegalidad, inclusive de forma inquisitiva, llegar a la verdad judicial auscultando los hechos, garantizando derechos constitucionales.

Sobre este tópico son muchos los versados en la materia que han hecho eco en inusitado inconformismo. Tratadistas como Juan Ángel Palacio Hincapié, por su parte, referencia muy oportunamente la disertación que hace Martha Sofía Tobón24 en ocasión a la jurisdicción rogada:

 

la noción de justicia rogada, ha surgido en la jurisprudencia colombiana como interpretación, a mi modo de ver restrictiva, de las normas que tanto el Código Contencioso Administrativo anterior como en el vigente, consagran los requisitos que debe contener toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, como es la obligación de indicar las normas violadas el concepto de su violación, cuando se trata de impugnación de actos administrativos (art. 137.4 C. C. A.) exigencia que si bien es legal, ya que fue consagrado como requisito obligatorio para impetrar las demandas ante dicha jurisdicción; debe interpretarse sin el rigor jurisprudencial de que ha sido objeto y que se ha mantenido desde 1949 hasta la fecha, como puede leerse en reiterados pronunciamientos25.

 

II. Contenido sociológico y

jurisprudencial (posición realista)

 

Los avances jurídicos en Colombia, en gran medida hay que decir, son producto de los avances sociológicos y jurisprudenciales de la Corte Constitucional, el caso de la jurisdicción rogada no es la excepción, corolario de los análisis por fuera de la concepción normativa en el derecho administrativo, se tienen paliativos que han propendido por la limitación al mencionado principio, morigeraciones producto de las disertaciones de Corte Constitucional que en muchos casos chocan con el fuerte anclaje del Consejo de Estado hacia el mencionado principio. Ejemplo de ello es el decretar pruebas de oficio en cualquier etapa del proceso, que a pesar de tener un sustento normativo, requiere una mejor regulación que generalice la práctica de ese procedimiento en armonía con la Constitución.

En sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado:

 

La sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable26.

 

De igual manera, la Sección Cuarta de la misma corporación en Sala Plena determino:

 

El juez está obligado a analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones, no es posible que el juzgador pueda resolver sobre temas que no han sido oportunamente puestos a su consideración por contestación de la demanda. Lo anterior porque siendo la jurisdicción administrativa una jurisdicción rogada, el juez administrativo debe concretarse a los motivos de la violación alegados por el demandante y a las normas que él mismo haya señalado como infringidas27.

 

La Corte Constitucional, avanzando la discusión, determinó que ni siquiera en los casos donde se violen derechos fundamentales, es posible el desconocimiento del principio de rogatividad del derecho, por ello determina que:

 

Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, para la alta corte, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación28.

 

De tal manera que para el Consejo de Estado aun tratándose de derechos fundamentales como el del trabajo, la exigencia de la rogatividad se trata de un requisito mínimo, razonable, proporcionado y necesario, porque dicho requisito es aplicable de modo general a todas las personas que demandan actos administrativos ante dicha jurisdicción, sean o no trabajadores.

 

En este orden de ideas, la jurisdicción rogada en lo contencioso administrativo viene limitando el espectro constitucional en detrimento de los interés de las partes, en muchos casos (en algunos insoportablemente injustos, como bien lo plantea Gustav Radbruch29), solo por mencionar dos de los aspectos más problemáticos, en lo laboral “restructuraciones” que en ocasiones solo representan intereses políticos y clientelistas quebrantan toda suerte de derechos laborales, en las demandas contractuales la flaca defensa por parte del Estado hace que los procesos terminen en favor de los grandes intereses económicos, dejando al juez como testigo inmóvil en la discusión jurídica, lesionando en forma constante el interés general del Estado.

La exegesis con que se interpreta el derecho administrativo –jurisdicción rogada– da como resultado un derecho sin espacio y sin tiempo con una inminente preocupación en lo formal, dejando por fuera lo material, más aún, la desconfianza en el derecho por el interés económico detrás del proceso de creación de la norma30.

Por otra parte, el derecho natural racional aparecerá como un modelo limitado compuesto por estériles figuras normativas que no pueden explicar la complejidad de la reproducción de la vida social en virtud de que no asume que los mecanismos de integración de la sociedad son también de tipo no-normativo, en el abundante formalismo de la jurisdicción contenciosa y el celo constante de la seguridad jurídica, estancan cualquier iniciativa de debate frente al tema, al pretender lograr a través de la ley fallos completamente neutrales, se cometen falencias en la consolidación del derecho, así mismo, hay que decir que el camino de la reconstrucción de las relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo no es el de la prueba de la hipótesis, porque no hay dato puro, siempre esta mediado, como decíamos, porque la relación entre hipótesis teóricas e indicadores empíricos tampoco es de simple deducción, sino de cambio de nivel de abstracción que implica la inclusión de más determinantes en el indicador que las contenidas en el concepto teórico, como bien lo expone Enrique de la Garza Toledo:

 

Mi relación con el mundo está siempre medida por la subjetividad, pero la subjetividad no es componente principal sino la práctica y en esta medida por la subjetividad, pero la subjetividad no es el componente principal sino la práctica y en esta medida, las verificaciones que siempre tienen componente subjetivo no son pura subjetividad31.

 

Por otra parte, dice Ricoeur:

 

comprender no es conocer sino ser, no puede haber verdad hermenéutica porque en la interpretación opera la distanciación del texto y de su contexto que origina infinitas lecturas y por lo tanto no hay posibilidad de validación de las interpretaciones32.

 

Cuando se hace una nueva interpretación no se recupera el sentido original, sino que se actualiza para una nueva situación y lector del sentido, porque hay una autonomía del texto y un mundo de texto independiente de su génesis. Además como señalara Gadamer, no puede haber objetividad metódica o lógica porque el intérprete forma parte de la vida del mundo del interpretado (la doble hermenéutica) y no es posible ponerlo entre paréntesis33.

La interpretación necesita signos constatativos, que tampoco son los datos duros del positivismo, puesto que todo dato esta contextualmente mediado, pero tampoco es resultado de la pura autorreflexión, a nuestro modo de ver, lo es del discurso empírico, las teorías de la elección racional siguen confundiendo como su matriz neoclásica el diagnóstico con la normatividad: si el hombre actuara en forma individual, decidiría los cursos de acción a través del cálculo de la mejor relación costo/beneficio y tendría la información necesaria, se crearía la sociedad de los eficientes34.

Norberto Bobbio35 señala la existencia de tres componentes en la estructura de la norma jurídica, que, conforme a lo dicho, pueden extenderse al análisis del poder. Estos son: la legalidad, la eficacia y la justificación, cuestiones que tienen que ver con el derecho, la sociología y la filosofía. De ellos se derivan tres planos del análisis a saber, los juicios sobre la validez, es decir, si guardan consonancia con el ordenamiento jurídico o están vigentes; la función social desempeñada, en otras palabras, las consecuencias sociales que puedan abstenerse de su operación o inaplicación; y la justedad, o sea, su concordancia con los valores que fundan la justicia36.

No puede hacerse un estudio sociológico sin dejar de lado el análisis de lo económico y su influencia en la formación del derecho37, en especial el que pretendemos escudriñar, la ineficacia de las normas jurídicas neutralizadas por las condiciones económicas, la ocurrencia de los cambios jurídicos provocados por las variables económicas38.

 

III. Realismo jurídico sociológico

y garantía constitucional en la

interpretación del derecho administrativo

 

Es el tribunal constitucional un legislador, solo que no es un legislador positivo, sino un legislador negativo, dice Hans Kelsen39. El Poder Legislativo se ha escindido en dos: el legislador positivo, que toma la iniciativa de dictar y de innovar las leyes y el legislador negativo, que elimina aquellas leyes que no son compatibles con la superior norma constitucional40.

Cambiar por una concepción del ordenamiento jurídico de textura abierta y no cerrada como la heredada de Kelsen, puesto que es necesario buscar esas soluciones más allá de la ley y con un mejor enfoque constitucional, las posiciones estudiadas dimanan en un principio de la rogatividad que a nuestro entender limita el desarrollo del jurídico, pues con ello se desconocen situaciones fácticas del derecho importantes para el objeto en estudio, más si se tiene en cuenta el viraje del derecho administrativo, parafraseando a Luigi Ferrajoli “el Estado nacional ha perdido el monopolio exclusivo de la producción jurídica”, esto apoyado en el autor francés André Jean Arnaud41, para quien el derecho estatal se encuentra cada vez más relevado, suplido y suplantado por formas de regulaciones42.

Los derechos sociales son bautizados por algunos como “derechos humanos de segunda generación”, dada su aparición en un segundo momento histórico, y no está referido a la tutela de la esfera de libertad del individuo, sino al logro de la igualdad real o material y de la justicia social43.

En el mismo sentido y de manera más profusa, la Sentencia C-197 de 199944 de la Corte Constitucional estipula la especial importancia de reincorporar al ordenamiento jurídico los derechos fundamentales, aunque la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene unas funciones constitucionales diferentes a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional, dado que hace parte de la rama judicial y administrativa, le son aplicables las disposiciones generales establecidas en los artículos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 209, 228, 229 y 230 de la Constitución45.

 

No obstante lo anterior, debe advertir la Corte que, en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio. En tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad. Considera la Corte, que, tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente.

 

Las discusiones sobre la naturaleza jurisdiccional de los tribunales constitucionales no son ni serán un tema pacífico, en los tiempos de Weimar, Hans Kelsen y Carl Schmitt46 ya habían discrepado sobre la legitimidad de la justicia constitucional. La contundente arremetida de Schmitt puso en entre dicho el carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y acusó a la institución ideada por Kelsen de socavar el dogma de la división de los poderes públicos, de hacer de la política un asunto de la justicia. Así mismo, el autor alemán presagió que la jurisdicción constitucional llevaría inexorablemente al gobierno de los jueces, y –en las conocidas palabras de François Pierre Guillaume Guizot47– a la judicialización de la política y la politización de la justicia, con la cual la justicia tiene todo que perder y la política nada que ganar48.

Sin embargo, es necesario entender a la Constitución no como un mecanismo de interpretación, sino mas bien como uno de garantía para afianzar los principios y valores constitucionales49, es decir, la importancia de la Constitución está en que la idea de la legalidad se vea reforzada y en parte coadyuvada por la idea de la constitucionalidad, la tradicional concepción de la Constitución como norma meramente organizativa y metajurídica, se ve sustituida por una concepción de la Constitución entendida como norma directamente eficaz.

No es la figura del operador jurídico la máquina que se encarga de acomodar una situación al sistema normativo sin una sujeción estricta a la ley, más que eso es necesario mirarla como el medio controlador de la legitimidad constitucional, un funcionario crítico del derecho.

Se puede expresar el cambio de paradigma del derecho producido por la constitucionalización rígida de estos principios, afirmando que la legalidad, merced de esto, resulta caracterizada por una doble artificialidad: la del ser del derecho, es decir su existencia –ya no derivable de la moral ni de la naturaleza, sino, precisamente, puesta por el legislador– como también la de su deber ser, es decir, de sus condiciones de validez, así mismo positivadas con rango constitucional, como derecho sobre el derecho, en forma de límites y vínculos jurídicos a la producción jurídica. No se trata de eliminar o de poner en crisis la separación entre derecho y moral realizada con el primer positivismo, sino por el contrario, de completar el paradigma positivista idea fundamental de Kelsen y al mismo tiempo el Estado50, lo cual implica garantías desde la producción de la norma, ya que el Legislativo queda inmiscuido en las garantías constitucionales del Estado social de derecho.

En resumen, dos claros conceptos de Constitución: el primero el carácter normativo jurídico y el segundo de contenido preponderantemente ideológico, el primero norteamericano, el segundo francés y continental, situación ésta que hace una mejor búsqueda del fenómeno constitucional51, lo cual hace necesario inmiscuir a la administración de justicia en el avance sociológico, bajo el cumplimiento de las normas constitucionales como garantía para el ciudadano en la consecución del derecho52 desde una u otra óptica, tesis del todo contraria a autores como Otto Mayer53 quien de manera tajante dice: “en el sentido de que el derecho constitucional pasa mientras el derecho administrativo permanece”54.

Necesario es anotar que lo anterior no es una creación propia de nuestro derecho constitucional y menos una elaboración doctrinaria de los novísimos apóstoles del nuevo derecho. No, ello hace parte de la más rancia tradición jurídica occidental que desde Aristóteles55 hasta el derecho romano, desde éste a Santo Tomás de Aquino56 y desde aquél hasta el realismo jurídico han definido el derecho como “la cosa justa”57.

 

Comentario final

 

Desde nuestra óptica, el juez debe ser el vigilante del proceso esto es, de cada una de las partes, si las condiciones de aplicabilidad de la norma están indeterminadas, lo cual implica un sinnúmero de opciones, el juez debe incluir esos argumentos en su decisión, asumiéndolos como propios o refutándolos adecuadamente, lo cual implica acomodarlos de manera razonable, y lo más importante, asegurar la participación procesal de los litigantes en el debate normativo. En ese orden de ideas, la jurisdicción rogada pasa de ser un principio de marcadas connotaciones petrificadas en el proceso, a un aspecto vetusto en las connotaciones estructurales del nuevo Estado.

Las teorías dialécticas y consénsuales que ayudan a conservar la imparcialidad judicial, pueden ser mejor aplicadas a los procedimientos con alto componente de creación legal. De una u otra forma el juez tiene una función en el nuevo marco jurídico del Estado colombiano, que es dejar de ser un simple revisor de normas, ni mucho menos un testigo inmóvil del desenvolvimiento de las controversias entre los particulares o entre éstos y el Estado, su función es más activa, dotado de facultades inquisitivas que le otorga el derecho administrativo para hacer posible esclarecer la verdad.

En este sentido, el principio iura novit curia en los procesos contenciosos administrativos, tesis contraria al paradigma de la jurisdicción rogada en los procesos contenciosos, permite un verdadero avance metajurídico en la evolución del derecho, más aun, éste debe ampliarse, permitiendo que todas las partes procesales intervengan en el proceso, reglas de este tipo son las que propone Álvaro de Oliveira quien propicia un nuevo alcance de la regla iura novit curia.

 

Las partes pueden y deben aportar su cooperación también en cuanto a la valorización jurídica de la realidad externa al proceso, investigación que de ningún modo puede ser hoy labor exclusiva del órgano judicial. La expectativa de éxito final en la causa evidenciada, en verdad, el interés primordial de la parte en dar a conocimiento del tribunal la norma jurídica a ser aplicada, según su visión particular58.

 

Es fundamental reconocer que los constantes cambios legislativos de las normas las hacen de una complejidad tal que puede darse el serio riesgo de que las partes o jueces no “descubran” la norma adecuada o no la interpreten de manera correcta. En este orden de ideas, es importante establecer el contenido o alcance de la norma para disminuir las consecuencias negativas en el derecho de defensa. Además de eso, es inadmisible que las partes sean sorprendidas por una decisión que se apoye fundamentalmente en una visión jurídica de la que no tengan conocimiento. El tribunal debe, por lo tanto, dar conocimiento previo de qué dirección o derecho subjetivo corre peligro, como es lógico, sin adentrarse en el espeso pantano del prejuzgamiento.

Las concepciones filosóficas propias de la hermenéutica del derecho no pueden limitarse en forma exclusiva a lo formal y descuidar los contenidos, o sea, dejárselos a la política, de tal manera que urge la necesidad de reestructurar nuestros paradigmas críticos e incrustar o entrelazar fórmulas que permitan reevaluar sus tesis, de tal manera que podamos volver a vincular la legitimidad, validez y eficacia en la interpretación del derecho con la firme intención de avanzar en el modelo de justicia que permita un mejor engranaje social.

No tiene ningún sentido juzgar a las corrientes anteriores como lo son el iusnaturalismo, iusformalismo, iusrealismo, tampoco tomar partido por alguna de ellas, porque podemos observar que cada una tiene su particular concepción y conceptualización del derecho. Lo que en verdad es trascendental, es percibir no sólo la existencia de varias corrientes, sino también las diversas metodologías utilizadas. Cada una de estas escuelas analiza al derecho desde una óptica que apunta a una perspectiva diferente del mismo fenómeno. Al iusnaturalismo le interesan los “valores”, al iusformalismo las “normas” y al iusrealismo los “hechos”. En este sentido, resulta inobjetable que cada una de estas perspectivas tiene sus aciertos y sus errores al considerar distintos aspectos del mismo fenómeno.

De las tres posturas, podemos tomar lo que nos sea de utilidad. Sin embargo, parece imposible dar un concepto unívoco del derecho, por la sencilla razón de que se trata de definirlo desde tres diversos puntos de vista: el aspecto axiológico, el normativo y el fáctico. Con gran acierto Eduardo García Máynez apunta

 

El error de quienes han pretendido encerrar en una sola definición (en el caso del derecho) objetos diferentes entre sí, no implica únicamente confusión de puntos de vista, sino, lo que es peor, concomitante confusión de los objetos contemplados59.

Un análisis lógico de estos aspectos viene a demostrar que lo anterior puede formar parte de una misma concepción del derecho: El aspecto axiológico, en el que se concibe al derecho como valor; el normativo, donde se ve al derecho como norma; y el fáctico, que vislumbra al derecho como realidad. La inocencia académica que a muchos nos caracteriza en temas de este tipo nos empuja a preguntarnos ¿por qué no concatenar los tres aspectos que son de suma importancia para el estudio del derecho en el ideal de justicia? Al hacernos esta pregunta descubrimos teorías en verdad interesantes en algunos pensadores. Tal es el caso de la teoría tridimensional del derecho y la teoría integral del derecho, cuyos exponentes son Miguel Reale60 y Luis Pedro Alejandro Recaséns Siches61, respectivamente62. En ambas teorías, la concepción del derecho conserva las tres dimensiones de las que se ha tratado –valor, norma y hecho– pero estrechamente unidas entre sí en relaciones de esencial implicación. El derecho no es un valor puro, tampoco una mera norma con ciertas características especiales, ni es un simple hecho. Recaséns Siches señala que

 

en la realidad del derecho se dan, recíproca e indisolublemente trabadas entre sí tres dimensiones: hecho, norma y valor. El derecho es un hecho, una obra humana, estimulada por la conciencia de unas necesidades en la vida social; obra producida bajo forma normativa; y que en su función para satisfacer esas necesidades, intenta hacerlo de acuerdo con la realización de unos valores específicos63.

 

De hecho, la teoría tridimensional postula que donde exista un fenómeno jurídico, hay irremediablemente un hecho subyacente –hecho económico, político o social–, un valor que confiere determinada significación a ese hecho, que inclina o determina la acción de los hombres para alcanzar o preservar cierta finalidad u objetivo; y finalmente, una norma que representa la relación o medida que integra a uno de aquellos elementos con el otro: al hecho y al valor. Además, se afirma que tales elementos –hecho, valor y norma– no existen separados unos de otros, sino que coexisten a la perfección, pues no se excluyen ni se implican. Es decir, son absolutamente inseparables y, por tanto, no hay ninguno que sea más importante que los otros. Ahora bien, esos factores no sólo se exigen recíprocamente, sino que actúan como uno solo. De tal modo, la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que la integran64.

Cabe evocar las enseñanzas del filósofo de Königsberg, quien destacó dos formas puras de intuición sensible: espacio y tiempo. El estudio de la historia demuestra que el derecho no ha sido el mismo en todas las coordenadas espaciales-temporales. Al respecto, Norberto Bobbio comenta que para formular leyes y principios universales en materia de la ciencia del derecho, es preciso atender no sólo a la naturaleza humana, sino a las “condiciones históricas que determinan las cambiantes leyes de pueblo a pueblo, de tiempo a tiempo”65.

No tiene justificación alguna que el error del ciudadano, el cual por lo demás no es un experto en regulaciones jurídicas ni avezado en las lides de la doctrina constitucional, sirva para que el juez eluda la obligación de controlar la arbitrariedad de la actuación de la administración y declare ajustado a las normas un acto que corrompió el ordenamiento jurídico. La existencia del Estado social de derecho implica obligaciones sociales para el juez y la armonización del ordenamiento jurídico en las relaciones de convivencia que aseguran el orden justo en lo político, lo económico, lo social, lo cultural y con respeto al derecho de igualdad. De allí se deriva el que la actividad judicial no debe exigirse, con la exégesis en que normalmente se hace, escudándose en la inexistencia del concepto de la violación o la indicación de la norma precisa, pues existe una norma superior que le da toda la facultad de actuar contenida en la misma norma política.

 

Bibliografía

 

Alexy, Robert. El concepto y la validez del derecho, Barcelona, Gedisa, 2004.

 

Alvaro de Oliveira, Carlos Alberto. “Garantia do Contraditório”, apéndice en Do formalismo no processo civil, 2.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003.

 

Bernal Pulido, Carlos. El derecho de los derechos, Bogotá, Externado, 2005.

 

Blancas Bustamante, Carlos. “Estado social, Constitución y derechos fundamentales”, en Constitución, trabajo y seguridad social, Lima, adec–atc, 1994.

 

Bobbio, Norberto. Contribución a la teoría del derecho, Madrid, Debate, 1990.

 

Bobbio, Norberto. Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1991.

 

Carvajal Martínez, Jorge Enrique. “La sociología jurídica y el derecho”, en Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. xiv, n.º 27, enero-junio de 2011, pp. 109 a 119, disponible en [http://www.redalyc.org/pdf/876/87619038008.pdf].

 

Castillejos Rodríguez, Francisco Javier. “El debate ‘Luhmann-Rawls Habermas’ y el método de la Rechtsphilosophie”, en Cuadrantephi, n.º 24, enero-junio de 2012, disponible en [http://filosofia.javeriana.edu.co/documents/3194180/9163816/3.pdf/11e35ca1-9ce8-4bed-a23b-0fc4a057a075].

 

Consejo de Estado. Sentencia de 1.º de diciembre de 1955, C. P.: Ildefonso Méndez, Acción de Nulidad contra el Decreto 1126 de 1952 por el cual se modificó la situación de retiro del Ejército del Teniente Coronel Juan A. Sarmiento, en Anales del Consejo de Estado, t. lxi, n.os 382 a 386, pp. 287 a 296.

 

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 27 de marzo de 1998, expediente 8780, C. P.: Julio Enrique Correa Restrepo.

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de 10 de febrero de 2011, rad. 76001-23-31-000-2006-02053-01 (0448-10), C. P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-197 de 7 de abril de 1999, M. P.: Antonio Barrera Carbonel, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-197-99.htm].

 

Cuevas Cuevas, Eurípides de Jesús. “Algunos aspectos del dictamen pericial en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en Memorias xxxv Congreso de derecho procesal, Bogotá, Instituto de Derecho Procesal, 2015.

 

García Máynez, Eduardo. La definición del derecho, México D. F., Ediciones Coyoacán, 2012.

 

Garza Toledo, Enrique de la. “Hacia dónde va la teoría social”, en Tratado latinoamericano de sociología, Barcelona, Anthropos, 2006, disponible en [http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/Cursos/CursoArgentina/Haciadondevalateoriasocial.pdf].

Fabra Zamora, Jorge Luis y Álvaro Núñez Vaquero (eds.). Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, vol. 1, México D. F., Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, dsiponible en [http://www.miguelcarbonell.com/libros/Enciclopedia_de_Filosof_a_del_Derecho_y_Teor_a_Jur_dica_libro_descargable.shtml].

 

Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías, Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi (trads.), Madrid, Editorial Trotta, 2002.

 

García de Enterría, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 4.ª ed., Madrid, Civitas, 2006.

 

García de Enterría, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, Madrid, Civitas, 1983.

 

García de Enterría, Eduardo. Las transformaciones de la justicia administrativa: de excepción singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, Madrid, Thomson-Civitas, 2007.

 

Malagón Pinzón, Miguel. “La Revolución Francesa y el derecho administrativo francés, la invención de la teoría del acto político o de Gobierno y su ausencia de control judicial”, en Diálogo de Saberes, n.º 23 de 2005, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1706971].

 

Parejo Alfonso, Luciano. Manual de derecho administrativo, Bogotá, Editorial Ariel, 1998.

 

Penagos Vargas, Gustavo. Nulidades y acciones del acto administrativo, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 1996.

 

Piza Escalante, Rodolfo E. “La jurisdicción constitucional costarricense”, en Justicia constitucional comparada, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.

 

Reale, Miguel. Introducción al derecho, Madrid, Pirámide, 1989.

 

Recaséns Siches, Luis. Introducción al estudio del derecho, México D. F., Porrúa, 1985.

 

Recaséns Siches, Luis. Tratado general de filosofía del derecho, México D. F., Porrúa, 1991

 

Rodríguez Agudelo, Germán Daniel. “Marx revisitado: apuntes sobre el derecho y el Estado en la obra temprana de Karl Marx”, Revista Via Iuris, n.º 11, julio-diciembre de 2011, pp. 91 a 106, disponible en [http://ucsj.redalyc.org/articulo.oa?id=273922799006].

 

Rodríguez Rodríguez, Libardo. “La explicación histórica del derecho administrativo”, en Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruis. Derecho administrativo, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 293 a 315, disponible en [https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/16.pdf].

 

Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Derecho administrativo, Bogotá, Externado, 2000.

 

Silva García, Germán. Criminología. Teoría sociológica del delito, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ilae–, 2011.

Silva García, Germán. “Una revisión del análisis económico del derecho”, Revista Economía Institucional, vol. 2, n.º 2, 2000, disponible en [http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/304/3229].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Licenciado en Derecho de la Universidad del Atlántico, Colombia, Magíster en Derecho de la Universidad Nacional, Profesor de la Universidad del Atlántico por catedra en las áreas de Constitucional y Teoría del Estado, Asesor Delegado a la oficina de participación ciudadana en la Contraloría Distrital de Barranquilla; e-mail: [conoceteatimismo17@hotmail.com].

Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas

issn 2346-0377 (en línea) vol. IX, n.º 17, enero-junio 2018, Jaider M. Núñez A. pp. 73 a 96

1 Revolución Francesa, autoproclamación del Tercer Estado,1789-Revolución Industrial, fines del siglo xix.

2 Fin del Imperio Romano, siglo v d. C.-descubrimiento de América, 1492.

3 Rousseau, 1712-1778, en Jorge Luis Fabra Zamora y Álvaro Núñez Vaquero (eds.). Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, vol. 1, México D. F., Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, dsiponible en [http://www.miguelcarbonell.com/libros/Enciclopedia_de_Filosof_a_del_Derecho_y_Teor_a_Jur_dica_libro_descargable.shtml].

4 Ajaccio, Francia, 15 de agosto de 1769-Casa de Longwood, Isla de Santa Elena, 5 de mayo de 1821.

5 Yo no conozco el derecho civil, yo no enseño más que el Código de Napoleón.

6 Montpellier, 18 de octubre de 1753-París, 8 de marzo de 1824.

7 Le Beausset, Francia, 1.º de abril de 1746-París, 25 de agosto de 1807.

8 París, 23 de marzo de 1726-10 de marzo de 1806.

9 Rennes, 26 de marzo de 1747-París, 31 de julio de 1825.

10 Domme, Francia, 19 de junio de 1741-22 de noviembre de 1824.

11 Germán Daniel Rodríguez Agudelo. “Marx revisitado: apuntes sobre el derecho y el Estado en la obra temprana de Karl Marx”, Revista Via Iuris, n.º 11, julio-diciembre de 2011, pp. 91 a 106, disponible en [http://ucsj.redalyc.org/articulo.oa?id=273922799006].

12 Como contraposición a esta vertiente de pensamiento surge la escuela histórica alemana en cabeza de Friedrich Karl von Savigni, quien consideraba necesario recoger la cultura alemana en contra del Estado nacionalista francés, una interpretación del derecho más social y menos nacional.

13 Miguel Malagón Pinzón. “La Revolución Francesa y el derecho administrativo francés, la invención de la teoría del acto político o de Gobierno y su ausencia de control judicial”, en Diálogo de Saberes, n.º 23 de 2005, disponible en [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1706971].

14 Para resolver esa contradicción, los mismos hombres de la Revolución idearon el mecanismo de la administración-juez, consistente en que las eventuales reclamaciones contra la administración debían ser presentadas ante ella misma y resueltas por el jefe del Ejecutivo, solución que, sin duda, debilitaba la filosofía de la sumisión de los gobernantes ante la ley (preparar los proyectos de ley del Ejecutivo, resolver los conflictos de carácter administrativo, estudiar las reclamaciones interpuesta por los ciudadanos) lo cual se denominó justicia retenida. Libardo Rodríguez Rodríguez. “La explicación histórica del derecho administrativo”, en Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruis. Derecho administrativo, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 293 a 315, disponible en [https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/16.pdf].

15 Carlos Luis Napoleón Bonaparte, París, 20 de abril de 1808-Londres, 9 de enero de 1873.

16 Rodríguez Rodríguez. “La explicación histórica del derecho administrativo”, cit.

17 Ramales de la Victoria, España, 27 de abril de 1923-Madrid, 16 de septiembre de 2013.

18 Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, Madrid, Civitas, 1983, p. 18.

19 Eduardo García de Enterría. Las transformaciones de la justicia administrativa: de excepción singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, Madrid, Thomson-Civitas, 2007, p. 138.

20 Ibíd., p. 138.

21 Jorge Enrique Carvajal Martínez. “La sociología jurídica y el derecho”, en Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. xiv, n.º 27, enero-junio de 2011, pp. 109 a 119, disponible en [http://www.redalyc.org/pdf/876/87619038008.pdf].

22 En la década de 1960-1970, la teoría proveniente de la ciencia social crítica, cuestionó la idea de un derecho ligado al dogmatismo jurídico y abrió el camino para comprender el derecho como resultado de las relaciones sociales y de poder. Este enfoque provocó la apertura de nuevas asignaturas al interior de las facultades de derecho, entre ellas, la sociología del derecho. Ídem.

23 Se suele decir que la justicia es rogada cuando el juez está obligado a decidir única y exclusivamente lo que el actor o el demandado hayan solicitado en sus respectivos escritos. En otras palabras, la demanda y la contestación son una camisa de fuerza a la capacidad de decisión del juez, quien no puede, aunque encuentre probado dentro del proceso un hecho, un derecho o una obligación que estén relacionados con lo pedido, mas no solicitado expresamente, declararlo en su sentencia.

24 En Memorias xxxv Congreso de derecho procesal, Bogotá, Instituto de Derecho Procesal, 2015.

25 Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas. “Algunos aspectos del dictamen pericial en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, p. 409.

26 Consejo de Estado. Sentencia de 1.º de diciembre de 1955, C. P.: Ildefonso Méndez, Acción de Nulidad contra el Decreto 1126 de 1952 por el cual se modificó la situación de retiro del Ejército del Teniente Coronel Juan A. Sarmiento, en Anales del Consejo de Estado, t. lxi, n.os 382 a 386, pp. 287 a 296.

27 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 27 de marzo de 1998, expediente 8780, C. P.: Julio Enrique Correa Restrepo.

28 Sentencia C-197 de 7 de abril de 1999, M. P.: Antonio Barrera Carbonel, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-197-99.htm].

29 La versión posiblemente más conocida del argumento de la injusticia referido a normas aisladas se debe a Gustav Rdbruch. Su famosa formula reza: “El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica puede ser solucionado por su sanción y el poder tiene prioridad aun cuando su contenido sea injusto y disfuncional, a menos que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley, en tanto derecho injusto, tenga que ceder ante la justicia”. Robert Alexy. El concepto y la validez del derecho, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 34.

30 El paradigma marxista llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias y rebajó al derecho que ahora no es otra cosa que parte de la superestructura política de la base económica de una sociedad a categoría de epifenómeno ¿Sociología del derecho o teoría de la justicia? Francisco Javier Castillejos Rodríguez. “El debate ‘Luhmann-Rawls Habermas’ y el método de la Rechtsphilosophie”, en Cuadrantephi, n.º 24, enero-junio de 2012, disponible en [http://filosofia.javeriana.edu.co/documents/3194180/9163816/3.pdf/11e35ca1-9ce8-4bed-a23b-0fc4a057a075].

31 Enrique de la Garza Toledo. “Hacia dónde va la teoría social”, en Tratado latinoamericano de sociología, Barcelona, Anthropos, 2006, disponible en [http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/Cursos/CursoArgentina/Haciadondevalateoriasocial.pdf], p. 19.

32 Paul Ricoeur. “The Hermeneutic Function of Distanciation”, en Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, como lo cita, de la Garza Toledo. “Hacia dónde va la teoría social”, cit.

33 Ibíd., p. 19.

34 Herbert Simon. Administrative Behavior, New York, Macmillan, 1957, como lo cita ídem.

35 Turín, 18 de octubre de 1909-9 de enero de 2004.

36 Germán Silva García. Criminología. Teoría sociológica del delito, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ilae–, 2011, p. 189..

37 De otra parte, las teorías económicas han influido en la construcción de las doctrinas de todas las ciencias sociales. En consecuencia, para el caso específico de la sociología del derecho, la importancia de la economía es doble si se reconoce la disciplina en tanto fuente teórica y a su problemática como parte de su objeto de estudio.

38 Germán Silva García. “Una revisión del análisis económico del derecho”, Revista Economía Institucional, vol. 2, n.º 2, 2000, disponible en [http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/304/3229].

39 Praga, 11 de octubre de 1881-Berkeley, California, 19 de abril de 1973.

40 Eduardo García de Enterría. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 4.ª ed., Madrid, Civitas, 2006.

41 1936-25 de diciembre de 2015.

42 Gustavo Penagos Vargas. Nulidades y acciones del acto administrativo, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 1996, p. 34.

43 Carlos Blancas Bustamante. “Estado social, Constitución y derechos fundamentales”, en Constitución, trabajo y seguridad social, Lima, adec–atc, 1994, p. 27.

44 Sentencia C-197 de 1999, cit.

45 Ídem.

46 Plettenberg, Alemania, 11 de julio de 1888-7 de abril de 1985.

47 Nimes, Francia, 4 de octubre de 1787-Saint-Ouen-le-Pin, Francia, 12 de septiembre de 1874.

48 Carlos Bernal Pulido. El derecho de los derechos, Bogotá, Externado, 2005, p. 30.

49 En estos casos “el juez constitucional dispone de una determinada interpretación o aplicación de un texto que ha creado una norma que roza con la Constitución, por lo que declara que la norma producto de esa interpretación errónea o de esa aplicación indebida es inconstitucional”. Rodolfo E. Piza Escalante. “La jurisdicción constitucional costarricense”, en Justicia constitucional comparada, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 133 a 156.

50 Luigi Ferrajoli. Derechos y garantías, Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi (trads.), Madrid, Editorial Trotta, 2002, p. 67.

51 Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Derecho administrativo, Bogotá, Externado, 2000, p. 367.

52 Luciano Parejo Alfonso. Manual de derecho administrativo, Bogotá, Editorial Ariel, 1998, p. 109.

53 Fürth, Alemania, 29 de marzo de 1846-Hilpertsau, Alemania, 8 de agosto de 1924.

54 Santofimio Gamboa. Derecho administrativo, cit., p. 367.

55 Estagira, 384 a. C.-Calcis, Grecia, 322 a. C.

56 Roccasecca, Italia, 1225-Abadía de Fossanova, Latina, Italia, 7 de marzo de 1274.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de 10 de febrero de 2011, rad. 76001-23-31-000-2006-02053-01 (0448-10), C. P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

58 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. “Garantia do Contraditório”, apéndice en Do formalismo no processo civil, 2.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 227 y ss.

59 Eduardo García Máynez. La definición del derecho, México D. F., Ediciones Coyoacán, 2012, p. 17.

60 São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, Brasil, 6 de noviembre de 1910-São Paulo, 14 de abril de 2006.

61 Ciudad de Guatemala, 19 de junio de 1903-México D. F., 4 de julio de 1977.

62 Luis Recaséns Siches. Introducción al estudio del derecho, México D. F., Porrúa, 1985; e íd. Tratado general de filosofía del derecho, México D. F., Porrúa, 1991.

63 Recaséns Siches. Introducción al estudio del derecho, cit., p. 40.

64 Miguel Reale. Introducción al derecho, Madrid, Pirámide, 1989, p. 69.

65 Norberto Bobbio. Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1991, pp. 33 a 51. Sobre la contribución de Bobbio al funcionalismo jurídico, véase Norberto Bobbio. Contribución a la teoría del derecho, Madrid, Debate, 1990.

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