06. Velasco Córdoba

La función de prevención general de

la pena ¿una utopía? La prevención

general y los medios de información

Eduardo Arturo Velasco Córdoba*

 

mn

 

The function of general prevention

of punishment: a utopia? General

prevention and the media

 

Resumen

 

El presente artículo tiene que ver con ese elemento de la teoría penal descrito como la función de prevención general de la pena vista desde sus diferentes teorías y a pesar de ellas, la crisis que su consagración dogmática tiene en la actualidad. Por lo cual, se abordarán, como temas de estudio, la génesis de ese concepto, las teorías que se han realizado, la crisis que afronta y como propuesta de adoctrinamiento, la sugerencia de acudir a los medios de información que son usados de manera ordinaria y accesibles casi que para toda la población, con lo cual, la prevención general de la sanción penal no quedará en el sólo campo de la literatura penal.

 

Palabras clave: Teoría penal; Función de prevención; Sanción penal; Derecho penal.

 

Abstract

 

The present article has to do with that element of the penal theory described as the function of general prevention of the penalty seen from its different theories and in spite of them, the crisis that its dogmatic consecration has at present. Therefore, the genesis of that concept, the theories that have been made, the crisis it faces and as a proposal of indoctrination, the suggestion of going to the media that are used in an ordinary way, will be addressed as topics of study. and almost accessible to the entire population, with which, the general prevention of criminal sanctions will not be in the only field of criminal literature.

 

Keywords: Criminal theory; Prevention function; Penal sanction; Criminal law.

 

Fecha de presentación: 13 de febrero de 2018. Revisión: 21 de febrero de 2018. Fecha de aceptación: 22 de febrero de 2018.

 

ef

 

I. Marco teórico

 

Dentro del desarrollo de todas las sociedades se han presentado conflictos sociales en su interior que han causado traumatismos, por lo cual, los Estados se han visto en la necesidad de implementar una serie de presupuestos legales con miras a procurar una convivencia pacífica,

 

la mayor parte del poder estatal tiene funciones manifiestas no punitivas y latentes que son o pueden ser punitivas. En este enorme espacio de poder se observan (a) supuestos en que la función latente punitiva es casi invariable y clara (institucionalización de niños y adolescentes infractores bajo función manifiesta de tutela); y (b) otros, que son más confusos, porque la función punitiva latente es eventual, dependiendo del uso que de ese poder se haga en cada caso1.

 

Bajo esta perspectiva y con respeto de la Constitución y los principios iushumanistas, se construye el concepto de ley penal, el cual abarca:

 

a) Las leyes penales manifiestas (códigos, leyes penales, etc.); b) Leyes penales latentes, las que habilitan el ejercicio del poder punitivo con el ejercicio de funciones que no tienen ese carácter; y c) Leyes penales eventuales, cuando el poder estatal o no estatal “puede ejercerse como poder punitivo” según el uso que le den esas agencias u operadores, por ejemplo, las que habilitan la coacción directa policial2.

 

El derecho penal, como cualquier otra rama del saber, requiere de interpretación, la que se realiza para orientar las decisiones de los operadores judiciales y el sistema de comprensión está orientado a “la contención del poder punitivo para fortalecer el Estado de derecho”3. Sobre este tópico, encontramos citas como ésta:

 

La justicia penal, en efecto, no aparece como un apéndice de la administración racional moderna desarrollada por los reyes, los príncipes territoriales o las villas. Es la piedra angular, la pieza justificativa del sistema cultural, político, económico y social del Estado moderno4.

 

Ahora bien, ese derecho penal tiene diferente connotación frente al Estado social de derecho y el Estado de policía, los que si bien tienen absolutas diferencias filosóficas e institucionales, con miras a la solución de conflictos (Estado de derecho) o supresora de aquellos (Estado de policía), en aquellas sociedades más democráticas se encuentran

 

pugnando en su seno dos tendencias: (a) una que tiende a conservar y reforzar el poder vertical arbitrario, la que se inclinará por suprimir los conflictos, disciplinando jerárquicamente a los seres humanos según su género, clase, etnia, color, ingresos, salud, elección sexual, capacidad contributiva, etc. Si cada uno se mantiene en su correspondiente nivel jerárquico, no habrá conflictos.

 

Y la otra

 

(b) que tiende a limitarlo y horizontalizarlo, la cual se inclinará a resolver los conflictos manteniendo la paz social en base a soluciones que satisfagan a las partes y operen entre personas consideradas en pareja dignidad. A ello obedece que los derechos nunca se realicen por completo, que a su respecto se pueda hablar de una progresividad y falta de rotundidad en su formulación5, que deba reconocerse que la fuerza normativa de la Constitución es dinámica, que nunca es óptima, que el derecho constitucional debe tener por objeto los esfuerzos por realizarla y que, en definitiva, el cometido del derecho penal siempre sea inconcluso y abierto, un unfinished, lo que quizá justifique la referencia a la mala conciencia del operador jurídico-penal y a su caracterización como personaje trágico. “La legitimación del poder punitivo es un componente del Estado de policía que opera en detrimento del Estado de derecho”6.

 

En efecto, aún en los Estados de derecho se debe acudir a mecanismos tan toscos como las penas, en especial, aquellas que privan de la libertad a quienes hayan incurrido en la comisión de los delitos. Así entonces, al hablar de derecho penal es ineludible referirnos a la pena, entendida aquella, en la manera más clásica, como la sanción estatal que se impone al condenado que ha incurrido en la comisión de un delito. Esa pena, es la esencia misma del derecho penal, incluso, de allí deriva su nombre.

Ahora bien, la función del derecho penal no es solamente la imposición de una sanción, sino de manera principal, la prevención de que el conglomerado social no incurra en la comisión de los delitos, pues aquellos afectan determinados bienes jurídicos cuya protección se realiza desde las normas.

 

El derecho penal como programación acotante y contentora del poder punitivo ejercido por agencias no jurídicas, cumple una fundamental función de seguridad jurídica: ésta es siempre seguridad de los bienes jurídicos individuales y colectivos de todos sus habitantes , y todos estos bienes jurídicos se hallarían en gravísimo peligro si no existiese una acción programada y racional de las agencias jurídicas (derecho penal) que tienda a acotar el ejercicio del poder punitivo que, de otro modo, avanzaría sin límites hacia la tortura, el homicidio, la extorsión, el pillaje, etc., destruyendo al propio Estado de derecho (o al Estado a secas…)7.

Es por ello que en la dogmática penal se consagró la función de prevención general de la pena como una herramienta para prevenir la comisión de delitos con la “amenaza” que quien incurra en ellos, se hará acreedor a la sanción establecida en los códigos penales.

La pena delimita el horizonte de proyección del derecho penal, por esta razón, los pensadores del derecho consideraron importante conocer los fines y fundamentos de la pena estatal, para lo cual elaboraron las llamadas teorías de la pena “cada teoría de la pena proporciona un paradigma al saber penal”8.

Se ha señalado que las teorías de la pena pueden clasificarse en absolutas y relativas. Las teorías absolutas dominaron amplios períodos de la historia, no obstante, a lo largo del siglo xx entraron en crisis, por lo cual, las teorías relativas se impusieron desde entonces e inspiran las legislaciones occidentales.

 

Las teorías absolutas fundamentan los derechos penales del Antiguo Régimen, las relativas los basados en el Estado social y democrático de derecho surgido tras la Revolución Francesa (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano)9.

 

Según las teorías absolutas, la pena es retribución justa por el delito cometido. Quien fue hallado culpable en el momento de cometer el delito recibe la pena como justo castigo que compensa el mal de aquél. Que además, de esa forma, el culpable pueda expiar su culpa manifestando y demostrando su arrepentimiento o pueda saldar la deuda contraída con la sociedad volviendo a ser ciudadano de pleno derecho, serán efectos indirectos de una institución cuyo significado fundamental es el de la retribución10.

Las diferentes críticas que afrontaron las teorías clásicas de la retribución justa, aceleraron su desaparición doctrinal y abrieron paso a las teorías modernas o teorías relativas encaminadas a la prevención de los delitos, según las cuales se pune el delito cometido para evitar que se incurra en la comisión de unos nuevos hacia el futuro.

El siguiente pensamiento expresa de manera concreta el nacimiento de las teorías de la prevención:

 

El fin de la pena no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres...11.

 

Esta concepción tiene una doble connotación, por un lado se puede vislumbrar la función de prevención general y por otro, la función de prevención especial. Para el objeto de esta investigación, nos detendremos en el estudio de las teorías que abordan el concepto de la prevención general de la pena.

Se ha establecido desde la doctrina que existe, por un lado, la teoría de prevención general negativa según la cual su fin es disuadir a la ciudadanía –incluso al mismo delincuente– de la comisión de nuevos delitos, pues si ello sucede, entonces serían castigados con una pena impuesta por el Estado, pena que en la actualidad es más representativa, se concreta en la privación efectiva de la libertad.

Desde otra perspectiva, está la teoría de la prevención general positiva que es descrita como

 

la función de declarar y afirmar valores y reglas sociales y de reforzar su validez contribuyendo así a la integración del grupo social en torno a aquellos y al restablecimiento de la confianza institucional menoscabada por la percepción de las transgresiones al orden jurídico12.

Este es el sentir de muchas legislaciones, incluso, encuentra su desarrollo en cada país en la jurisprudencia interna, así por ejemplo, en Colombia se ha señalado sobre este tópico por la Corte Constitucional:

 

En cuanto a la prevención general, no puede entenderla solo desde el punto de vista intimidatorio, es decir, la amenaza de la pena para los delincuentes (prevención general negativa), sino que debe mirar también un aspecto estabilizador en cuanto la pena se presente como socialmente necesaria para mantener las estructuras fundamentales de una sociedad (prevención general positiva)13.

 

Pero como se anunció, estas teorías tienen muchas críticas y son diversos sus detractores, quienes les encuentran escollos en su realización por diferentes factores. Así por ejemplo, el abogado español José Antonio Rey Serrano ha expresado:

 

Hoy día en España, la función de prevención general de la pena ha perdido intensidad, y ello es debido a que resulta relativamente “barato” desde el punto de vista del cumplimiento de la condena la comisión de determinados delitos. Y esto es así porque el delincuente echa sus cuentas: A la hora de cometer un delito valora la consecuencia de su acto en cuanto a la pena que le aplicarán en caso de que sea detenido y juzgado14.

Y ese es el sentir de mucha gente del común, quienes no incurren en la comisión de delitos por diferentes circunstancias, como serían aspectos morales, formación familiar, formación académica, intimidación de los organismos de seguridad del Estado, etc., pero no atestiguan nada sobre la intimidación que producen las penas, pues aquellas son desconocidas, no sólo en su consagración normativa, sino también en su real significado, ya que no podemos perder de vista que la prisión intramuros, que es la generalizada en los Estados, se realiza prácticamente de manera secreta, a la cual no tienen acceso los particulares, desde el punto de vista de su conocimiento, de su ejecución, de su vivencia en las cárceles.

De igual modo y ya desde el campo doctrinario, se ha señalado:

 

La prevención general negativa en la formulación de Feuerbach de la coacción psicológica no es defendida prácticamente por nadie, puesto que esta teoría presupone la existencia de un hombre racional perfecto que es capaz de valorar perfectamente la amenaza de la pena y su desventaja respecto a la ventaja derivada de la comisión de un delito. Asimismo adolece de falta de legitimación axiológica, como fue expresado gráficamente por Hegel al señalar que, con la intimidación penal, el hombre no es tratado conforme a su honor y libertad sino como a un perro. Desde la perspectiva del psicoanálisis se ha tratado igualmente de ofrecer un fundamento legitimador racional del derecho penal a través de la prevención general negativa; sobre todo en nuestro país por Gimbernat y sus seguidores. Sin embargo las investigaciones realizadas en el ámbito de la psicología profunda, confirman en parte esa fundamentación, pero también en parte la niegan, sobre todo si se toma en consideración la perspectiva crítica que aportan las distintas escuelas de la psicología profunda15.

 

Así mismo, se ha dicho que la teoría de prevención general negativa tiene su crítica en el Estado de derecho en la medida en que el hombre es un fin en sí mismo y con esta teoría se utiliza al delincuente como un medio. Además, si esa consagración de la finalidad de prevención general se orienta hacia el conglomerado social para que no se cometan delitos con la amenaza de la pena, no se concibe cómo el futuro delincuente no incurra en la comisión del delito observando que otro purga una sanción. También se ha indicado como crítica que los resultados que arroja son imposibles del control empírico y su fin disuasorio queda cuestionado.

En contraposición de la teoría anterior, surge la prevención general positiva:

 

La criminalización se fundaría en su efecto positivo sobre los no criminalizados, pero no para disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor simbólico productor de consenso y, por ende, “reforzador de su confianza en el sistema social en general (y en el sistema penal en particular)16.

 

Estas teorías de la prevención general positiva, tienden a dar una mirada al retribucionismo

 

(se habla incluso de neo-retribucionismo), porque hace recaer exclusivamente sobre el delincuente la responsabilidad por el delito, ya que como ser libre optó por lesionar el derecho a pesar de haber sido instruido en la obligación de fidelidad a las normas mínimas de convivencia, cuya defraudación debe soportar él para que la sociedad siga funcionando como modelo de convivencia en la que la defraudación de expectativas recae sobre quien defrauda (el delincuente) y no sobre la defraudada por uno de sus ciudadanos (la sociedad)17.

 

Se critica esta tendencia en el entendido de que no necesariamente sea la pena la única alternativa por la comisión de un delito, ya que se puede hacer prevalecer a la sociedad sobre el delincuente por medio de otras alternativas diferentes a la prisión, como serían las medidas de seguridad y curación, o la reparación del daño18.

En el mismo sentido, se critica esta teoría, por ejemplo, en los siguientes términos:

 

Pero donde definitivamente se amplía el abanico de posibles perspectivas en el análisis del complejo problema de la prevención general, es en su faceta de prevención general positiva. Cabe formular una clasificación de modelos de pensamiento preventivo-general-positivo en torno a los parámetros siguientes: a) La pena de efecto moralizador-estabilizante; b) La defensa del ordenamiento jurídico; c) La prevención de integración; d) Modelos basados en la teoría sistémica; e) Los modelos basados en la teoría psicoanalítica; f) La prevención general como complemento altamente formalizado del control social. Con carácter general es posible distinguir siguiendo a Mir Puig entre aquellas teorías de la prevención general positiva que pretenden la legitimación del derecho penal, y que con ello fundamentan, incluso con carácter ampliatorio, la intervención penal; y las que por el contrario vendrían a limitar dicha intervención.

En algunos casos las teorías de la prevención general positiva se presentan como una alternativa teórica capaz de matizar la antinomia entre culpabilidad y prevención, superando las críticas que invalidaban la prevención general negativa por su tendencia al “terror penal”. La prevención general positiva no apela al concepto de amenaza o de intimidación, sino a conceptos como pacificación de la conciencia jurídica de la población, restablecimiento o defensa del ordenamiento jurídico, internalización moral de los valores jurídicos por los individuos, etc.19.

 

Pero frente a las teorías absolutas y relativas en sentido estricto, se erigen las diversas teorías mixtas como preponderantes actualmente20 tanto en la doctrina española, como en la alemana, y pretenden […] conjugar en la realidad práctica de su aplicación, las diversas funciones de la pena. El estudio de estas teorías, también de las llamadas teorías superadoras, hace patente de modo especial la gravedad e importancia del problema de la racionalidad del sistema penal y de las antinomias en el mismo21.

 

El resultado  de la lucha  entre las escuelas negativas y positivas dio lugar a la aparición de las teorías mixtas, que en síntesis combinan los principios de las teorías absolutas con los principios de las teorías relativas de la pena. Bajo esta perspectiva, la pena debe cumplir al mismo tiempo las exigencias de la retribución obtenida de las escuelas negativas, y de la prevención, fruto de las escuelas positivas, además que la pena debe ser útil y justa, sin dejar de lado la prioridad sobre las exigencias de la justicia.

En efecto, la incapacidad de las teorías puras por dar explicaciones a fenómenos jurídicos, como la pena, provocó que diversas teorías utilicen elementos de las otras con miras a salvar lo que las restantes no han podido explicar de manera satisfactoria, hasta el punto que en el momento actual no se puede hablar de teorías puras. La imaginación discursiva intentó esas conciliaciones imposibles y se “atribuyó la facultad de yuxtaponer arbitrariamente elementos de las corrientes generales de pensamiento”.

 

El resultado fue un discurso que pretende indicarles a las agencias jurídicas que consideren al humano como un ente que produjo un mal atribuible a su autodeterminación y, al mismo tiempo, que lo considere como un ente causante de mal, que necesita ser neutralizado: asimismo, el juez debe considerar al humano como una persona con conciencia moral y como una cosa peligrosa. En la práctica con ello se le indica que cuando quiera imponer una pena aunque no haya delito (o cuando habiéndolo no le parezca suficiente la retribución o la neutralización), obvie sus límites, apelando a las teorías contrarias22.

 

Un ejemplo de ello, es el sistema penal colombiano, donde se determinó que la pena tiene varias funciones, pero vistas desde el punto de vista teórico, son irreconciliables. Esas funciones son impuestas por las agencias políticas, lo que da cierre al debate de los intérpretes del derecho penal, no obstante, ello lleva, como consecuencia, a la arbitrariedad, donde el operador judicial puede adoptar la decisión que quiera y luego amañarla con cualquier teoría que se adecúe mejor a ella.

 

De esta manera es posible imponer en cualquier caso el máximo o el mínimo de la escala penal, pues si no es adecuada para la racionalización de la pena que se pretende imponer –y que ya se ha decidido la culpabilidad de acto–, puede apelarse a la de autor o a la peligrosidad, si no es útil la prevención especial puede acudirse a la general, etc. Las combinaciones teóricas incoherentes en materia de pena son mucho más autoritarias que cualquiera de las teorías puras, pues suman las objeciones de todas las que pretenden combinar y permiten elegir la peor decisión en cada caso. No se trata de una solución jurídico-penal, sino de una entrega del derecho penal a la arbitrariedad y la consiguiente renuncia a su función primaria23.

 

Una dirección diferente de estas teorías mixtas, es que a diferencia de las teorías preventivas, se busca soluciones útiles que no sean injustas, ya que según su concepto, la utilidad es el fundamento de la pena y sólo se legitima aquella pena que opere de manera preventiva. Del mismo modo, una orientación diferente se basa en los criterios justificantes de la pena, vista desde la amenaza, de la aplicación y desde su ejecución. El autor Claus Roxin ha propuesto una concepción dialéctica “en la medida en que acentúa la oposición de los diferentes puntos de vista y trata de alcanzar una síntesis”. Así entonces, en el momento de la amenaza, el fin de la pena es la protección de los bienes jurídicos, en el momento de la aplicación o la individualización que se realiza por los jueces, la pena no sirve para la prevención general, sino para confirmar la seriedad de la amenaza legal, sin olvidar, claro, la culpabilidad del autor. En la ejecución, la pena sirve para la resocialización del delincuente, pero ya como una forma de prevención especial.

Si acudimos a la criminología crítica y a la crítica al derecho penal, encontraremos que existen contradicciones entre las funciones reales y las declaradas de las penas. Tampoco nos podemos apartar de la sociología jurídica que nos lleva a la realidad social, donde nos encontraremos que esos mismos fines de las teorías de la prevención general positiva tampoco se hacen manifiestos en una población que no es consciente de las penas señaladas en los códigos y menos de la finalidad que se persigue con su consagración y más aún, cuando esa población no tiene la educación formal como para conocer las sanciones que contemplan los códigos penales.

Hasta aquí es generosa la literatura sobre este particular, el estado del arte es profuso y detallan a la perfección esas teorías iniciales o ideológicas, frente a las positivas, pero dentro de estas últimas, que entendemos superaron las deficiencias de las primarias –e incluso de las mixtas–, a pesar de volver al sentido retribucionista de la pena, vemos que no se centran en el aspecto práctico y real del significado que debe tener la prevención general de la pena, se vuelve a esa crítica inicial a la teoría retribucionista de que no tiene una comprobación empírica. Y ello es así, pues la práctica judicial devela que las sentencias que se imponen a quien ha resultado condenado, aquél ciudadano no tenía el conocimiento de esa función de las penas, si se quiere, no sabía de esa amenaza estatal, quizás era consciente de que cometía un delito, pero la pena no lo intimidaba, pues ni siquiera la conocía y la incursión en la esfera del derecho penal, fue por causas muy diversas, pero no al temor.

Es por ello que se debe acudir a un mecanismo de educación, si se quiere decir, o concientización real de la función de prevención general de las penas y ello se logrará con la utilización de los medios de información, los cuales distinguimos de los medios de comunicación en relación con el fin que con ellos se persigue, en los unos informar y en los segundos entablar la comunicación entre el emisor y el receptor24.

Bajo este panorama, la utilización de la radio, cine, televisión, computador, celular, estos últimos con las redes sociales y las páginas de internet, permitirán llegar a casi la totalidad de la población con un adoctrinamiento frente a la prevención general de las penas con miras a la disminución de la comisión de los delitos.

Ahora bien, sobre esta temática de la investigación, es precaria la información documental que se ha encontrado, no obstante, con lo que existe se podrá correlacionar con los objetos perseguidos en la investigación.

 

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* Abogado de la Universidad de Nariño, Colombia, Especialista en Instituciones Jurídico Penales de la misma casa de estudios, estudiante regular de los Cursos Válidos para el programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires; e-mail: [eduvelcod69@hotmail.com].

Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas

issn 2346-0377 (en línea) vol. IX, n.º 18, julio-diciembre 2018, Eduardo A. Velasco C. pp. 75 a 88

1 Eugenio Raúl Zaffaroni. Derecho penal. Parte general, 2.ª ed., Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 38.

2 Ibíd., p. 39.

3 Ídem.

4 René Levy y Xavier Rousseaux. “États, justice pénales et historie: bilan et perspectivas”, Droit et Société, vols. 20-21, 1992, citado por Diego Zysman Quirós. Sociología del Castigo, Buenos Aires, Ed. Didot, 2013, p. 38.

5 Víctor Méndez Baiges. “Sobre derechos humanos y democracia”, en En el límite de los derechos, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 101 y ss.

6 Zaffaroni. Derecho penal. Parte general, cit., p. 43.

7 Zaffaroni. Derecho penal. Parte general, cit., p. 53.

8 Cfr. Carl Schmidt en Gustav Radbruch, Eberhardt Schmidt y Hans Welzel. Derecho injusto y derecho nulo, Madrid, Aguilar, 1978, p. 28; Enrique Bacigalupo Zapater. Principios de derecho penal español, Madrid, Akal, 1985, p. 7; la tradición parece remontarse a los prácticos (Cfr. Federico Schaffstein. La ciencia europea del derecho penal en la época del humanismo, José María Rodríguez Devesa (trad.), Madrid, Civitas, 1957, pp. 56 y 57); uno de los pocos autores que actualmente relativiza esta afirmación en cuanto a la teoría del delito es Günther Stratenwerth. ¿Qué aporta la teoría de los fines de la pena?, Bogotá, Externado, 1996, frente al que la ratifica Wolfgang Naucke. Strafrecht. Eine Einführung, 3.ª ed., Frankfurt a. M., Metzner, 1980, p. 53 y ss.) sosteniendo que a cada teoría de la pena le corresponde una teoría del hecho punible (citas traídas por Zaffaroni. Derecho penal. Parte general, cit.).

9 Cita tomada de [http://studylib.es/doc/4918050/copia-alumnos], p. 2.

10 Ídem.

11 Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria. De los delitos y las penas, 1764.

12 Alessandro Baratta. “Viejas y nuevas estrategias en la legitimación del derecho penal”, en Poder y Control, n.º 0, 1986, p. 83, citado por Alfonso Zambrano Pasquel. “Derecho penal, criminología y política criminal”, disponible en [www.alfonsozambrano.com/politica_criminal/pc-criminologiapc.doc].

13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-806 de 3 de octubre de 2002, M. P.: Dra. Clara Inés Vargas Hernández, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-806-02.htm].

14 José Antonio Rey Serrano. “Prevención especial, prevención general”, en Catilinarias, disponible en [http://reyserrano.blogspot.com.co/2009/02/prevencion-especial-prevencion-general.html].

15 Eduardo Demetrio Crespo. Prevención general e individualización judicial de la pena, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999.

16 Ídem.

17 Cita tomada de [http://studylib.es/doc/4918050/copia-alumnos].

18 Ídem.

19 Crespo. Prevención general e individualización judicial de la pena, cit.

20 José Cerezo Mir. Curso de derecho penal español, Parte ceneral, 5.ª ed., Madrid, Tecnos, 1997.

21 Crespo. Prevención general e individualización judicial de la pena, cit.

22 Zaffaroni. Derecho penal. Parte general, cit., p. 69.

23 Ibíd., p. 71.

24 [https://bettyvm-tic.wikispaces.com/.../Los+medios+de+informacion+y+com].

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