Deontología judicial. ¿Hay una ética especial para los jueces?

Juan Antonio García Amado

Resumen


Judicial deontology. Is there
a special ethic for judges?



Resumen

Los sistemas o códigos morales son variantes de un tipo de sistema normativo de los que en la sociedad concurren, la moral. Las normas morales califican las conductas o estados de cosas como justos o injustos, loables o reprochables. En las sociedades pluralistas con Estado de derecho concurren códigos morales alternativos e igualmente legítimos, concepciones metaéticas diversas y diferentes ideas del derecho. En el Estado de derecho no debe el juez estar comprometido con ningún código ético en particular ni debe hacer que en sus sentencias impere el suyo por encima de la ley. Los contenidos propios o más importantes de la ética judicial son aquellos que prevén situaciones de conflicto entre los preceptos morales generales y los requisitos específicos de la profesión que permiten o mandan hacer excepciones frente a las obligaciones morales generales.

Palabras clave: Ética judicial; Códigos morales; Obligaciones morales; Deontología judicial; Iusmoralismo; Iuspositivismo.



Abstract

Systems and moral codes are variants of a type of regulatory system that concur in society, morality. Moral norms qualify behaviors or states of affairs as just or unjust, praiseworthy or blameworthy. In pluralistic societies with rule of law concur alternative and equally legitimate moral codes, different concepts and different ideas metaethical right. In the rule of law the judge should not be committed to any particular ethical code and should make its judgments prevail in his above the law. Own or major content of judicial ethics are those that stipulate conflict between the general moral precepts and the specific requirements of the profession that allow or send exceptions against the general moral obligations.

Keywords: Judicial ethics; Moral codes; Moral obligations; Judicial deontology; Legal moralism; Legal positivism.

Fecha de presentación: 25 de mayo de 2016. Revisión: 7 de junio de 2016. Fecha de aceptación: 14 de junio de 2016.

 

I. La deontología profesional y el significado de la moral

Aquí vamos a tratar de deontología judicial o deontología profesional de los jueces, pero conviene presentar desde el principio algunos matices y aclaraciones. En primer lugar, debemos tener en cuenta que, muy a menudo, los mandatos de la deontología profesional recogen un variopinto catálogo de preceptos de muy diversa naturaleza, que incluye normas jurídicas, normas que podríamos llamar de moral grupal, reglas de cortesía y buen trato1 y genuinas normas de moral individual.

Llamo normas de moral individual o normas genuinamente morales, a aquellas que tienen su sede en la conciencia personal del individuo y que son la base para lo que podemos denominar obligaciones en conciencia del sujeto. Las normas morales engendran o basan obligaciones morales. Si yo me siento en la obligación moral de auxiliar al peatón que se ha caído en la calle a mí lado y se ha hecho una herida, es porque en mi conciencia está presente una norma que así me lo manda. En ese sentido, normas morales son las que, como tales, cumplimos porque nos parecen justas, porque por su contenido nos parecen buenas. Dicho de otro modo, los individuos “normales” o con uso de razón y exentos de ciertas patologías psicológicas, juzgamos constantemente y bajo diversos puntos de vista acciones (propias o ajenas) o estados de cosas. Esos juicios siempre responden a algún tipo de patrón o pauta. Una clase de tales juicios son los juicios normativos, que responden a patrones normativos, que se llevan a cabo aplicando normas de algún tipo. Así, por referencia a normas de una determinada religión podemos decir que la acción A es pecaminosa (si incumple un mandamiento o norma de esa religión) o virtuosa (si cumple un mandamiento o norma de la religión en cuestión), por referencia a normas de cortesía o trato social podemos decir que la acción A es cortés o descortés, por referencia a normas jurídicas (de un determinado sistema jurídico) podemos calificar la acción A como jurídica o antijurídica (a tenor de ese particular sistema jurídico). También podemos juzgar o calificar la acción A bajo el punto de vista de normas morales y entonces diremos que es moral o inmoral, lo que viene a equivaler a personalmente loable o reprochable.

Cuando digo “personalmente loable o reprochable” me refiero a que el juicio moral no versa meramente sobre la acción del sujeto, sino sobre lo que podríamos llamar la calidad personal última del individuo, su calidad o condición moral. La acción A del sujeto S puede, por ejemplo, ser antijurídica, ya que había una norma de derecho que la prohibía, pero no necesariamente consideraremos a S una mala persona porque haya hecho A. Cuando alguien cruza a pie una calle con el semáforo en rojo para los peatones en un momento en que no hay ningún coche cerca, dicha acción es antijurídica pero raramente pensaremos que es inmoral o que es mala gente el que tal hace. Similarmente, del que en público mastica ruidosamente y con la boca abierta diremos que es muy poco refinado, descortés o mal educado, pero no que es por eso una mala persona. Calificamos como mala persona al que actúa de modo inmoral, al que en forma libre, autónoma, obra en contravención de normas morales; de las normas del sistema moral que hayamos asumido y a ese propósito usemos.

Si nos tomamos en serio la idea de un código ético para una profesión, tenemos que pensar que las reglas en él recogidas han de valer y estar fundadas en cuanto normas morales y, ante todo, en lo que la moral se relaciona con la tarea profesional en cuestión. El matiz está en que aquí no se trata primera ni principalmente de que se pueda fundar el juicio de que ese profesional es en sí o personalmente una buena persona, una persona recta y moral, sino que, en tanto profesional y como miembro de ese grupo profesional, es alguien que cumple con los requisitos morales básicos para el ejercicio de esa profesión y para que esa profesión pueda mantenerse como justificada por ciertos valores que rigen su ejercicio.

Hay dos evidencias que apenas merece la pena resaltar, pero que menciono por si acaso. La primera, que entre sistemas normativos diversos puede haber coincidencias o diferencias en los contenidos de las normas. Así, tanto los sistemas jurídicos como los sistemas morales suelen prohibir el homicidio voluntario y que no esté justificado por determinadas circunstancias excepcionales (como legítima defensa), pero eso no hace que sea una misma y única norma la que contiene la prohibición, sino dos diferentes con contenido coincidente. Lo que podemos llamar la fuente de validez de cada norma es independiente de la otra. Por eso, por ejemplo, puede seguir viéndose como inmoral cierto homicidio, aunque el sistema jurídico de referencia lo permita (no lo castigue); y por eso mismo cabe que una acción se pueda y deba calificar como antijurídica aunque moralmente carezca de objeción. La segunda, que esa separación conceptual tampoco impide que de hecho los contenidos de unos sistemas normativos puedan estar influidos o hasta determinados por otros. Así, durante mucho tiempo o en muchos lugares se ha pensado o se piensa que debe estar jurídicamente castigado el acto que sea pecado grave; o comprobaremos con facilidad que muchas conductas están jurídicamente tipificadas y castigadas como delitos porque se estima que son graves inmoralidades.

 

II. ¿Qué tienen de particular

las deontologías profesionales?

 

¿Qué tienen de particular o interesante las llamadas deontologías profesionales o morales profesionales? Trabajemos por el momento con el ejemplo de la abogacía y de la moral profesional del abogado. Un abogado se desempeña en la vida social en el rol general de persona y en el rol profesional de abogado. Como, obviamente, un abogado es una persona, todas y cada una de sus acciones, tanto las que realiza en su desempeño de la abogacía como al margen de su profesión pueden ser calificadas con arreglo a las normas morales generales, y de esa calificación resultará en general que esa persona, que además es abogado, es una buena o una mala persona, una persona honesta o deshonesta, decente o indecente. Asumamos la vigencia de una norma moral que mande ayudar al que se encuentra en situación de grave necesidad. Ese sujeto que es abogado tanto puede ayudar al necesitado en su oficio (p. ej., no cobrándole por un servicio) como al margen de su oficio.

Tenemos, pues, en primer lugar, normas de la moral general que rigen tanto en el desempeño de la moral profesional como al margen de ella, en las otras dimensiones o en los otros momentos de la vida individual. Es bastante ocioso incluir esas normas en la deontología profesional. Si consideramos que una mentira seria y que afecte a asuntos vitales importantes es inmoral, lo sigue siendo igualmente cuando es el abogado el que miente de esa manera a su cliente.

En segundo lugar, hablar de deontología profesional cobra sentido por referencia a dos circunstancias o situaciones especiales: cuando determinadas pautas morales ordinarias adquieren especial importancia dentro de una profesión, por ser constitutivas del sentido, razón de ser o adecuado funcionamiento de esa profesión para que rinda su fruto social, y cuando el desempeño del rol profesional que se considera correcto lleva a hacer excepciones a la obligación moral ordinaria.

1. Empecemos por aquellas obligaciones de moral profesional que adquieren un especial estatuto por su relación con la función que justifica ese oficio. Puede ser el caso de la obediencia en el militar. Es probable que en ningún otro ámbito de la vida personal y social tenga la obediencia un tan fuerte significado como en la milicia. Al margen de que también existan límites morales para la obediencia debida, lo cierto es que sin una muy alta dosis de obediencia conforme con la jerarquía interna de los ejércitos, estos muy difícilmente podrían cumplir con la función que los justifica moralmente. Porque la justificación moral de los ejércitos presupone una función social de los mismos y porque esa función social no cabe sin la obediencia de los militares, la obediencia es mandato o virtud moral en el ejército de una manera que en otros ámbitos o no se da o no se da con tanta intensidad. Y ello independientemente de que también pueda tener respaldo jurídico la obediencia o, según el sistema jurídico correspondiente, sea también jurídicamente ilícita la desobediencia. Así pues, por ese tipo de razones la obligación de obedecer sería parte de la ética profesional del militar, aunque no lo sea de su ética personal general. Similarmente, el deber de secreto o confidencialidad que el abogado tiene para con su cliente es un deber moral o una parte muy relevante de su deontología profesional, en una medida mucho más fuerte que el deber de secreto o confidencialidad que podemos tener en otros ámbitos de nuestra vida personal.

En este punto estábamos, pues, hablando de obligaciones de la moral profesional que o bien son específicas de esa profesión, o bien son ampliaciones en esa profesión de obligaciones morales genéricas y ordinarias. Por contraste con el punto siguiente, lo que importa subrayar es que ahí no existe una tensión o contradicción entre la moral personal general y la moral profesional.

2. En otros mandatos de la deontología profesional sí se da esa contradicción entre imperativos morales generales u ordinarios e imperativos específicos de la moral del oficio2. El sujeto S, en cuanto que persona o ciudadano común, está moralmente obligado a no hacer X, pero en cuanto ejerce cierta profesión, X le puede estar moralmente permitido o hasta puede estar moralmente obligado a hacer X. El ejemplo más fácil es el del soldado y el matar. El mandato moral de no matar deliberadamente a otro y sin que concurran ciertas justificaciones personales, como la legítima defensa, se convierte para el militar que entra en combate en permiso moral para matar y hasta obligación moral de matar. Otro ejemplo. En general, podemos aceptar que, a título de meras personas o ciudadanos comunes, todos tenemos un deber moral de denunciar ante la autoridad ciertas acciones de otros de las que tengamos conocimiento y que sean particularmente incorrectas o dañinas. Pero ese deber moral general tiene su excepción cuando se trata de conocimientos de ese tipo que hayan sido adquiridos, por ejemplo, por un sacerdote al confesar a alguien o por un abogado respecto de un cliente y en lo que tenga que ver con el desempeño profesional de la abogacía.

Estos dos últimos tipos de normas y problemas son los que dotan de interés teórico la deontología profesional. Y la deontología profesional solo tendrá sentido en aquellas profesiones en las que concurran esas dos clases de cuestiones morales: la radicalización de ciertas obligaciones morales y la presencia de normas de moral profesional que contradicen normas morales generales.


Texto completo:

PDF HTML XML

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


  
 

Revista Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas
by Instituto Latinoamericano de Altos Estudios is
licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 Unported License.
Creado a partir de la obra
en http://www.ilae.edu.co/Publicaciones/revistaelectronica.php


Carrera 18 # 39A-46, Bogotá D. C., Colombia, PBX (571) 703 6396, 285 6668 FAX (571) 323 2181, e-mail consultas@ilae.edu.co.
Diseño y Desarrollo Webconection S.A.C. - Lima - Perú